Caen 10 Alcaldes del Crimen Organizado, pero la Operación Enjambre Deja Intactos a los Gobernadores
· Redacción Pulso de México
Por la Redacción Analítica | Pulso de México
La infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno municipal ha quedado al descubierto tras casi 23 meses de la "Operación Enjambre", estrategia implementada por el gobierno federal que ha resultado en la captura de 14 presidentes municipales en funciones. De acuerdo con los registros, 10 de estos ediles mantenían presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, organizaciones designadas por Estados Unidos como terroristas.
El CJNG y las redes de extorsión institucional
Iniciada a finales de 2025 para combatir la "narcopolítica", la operación ha evidenciado cómo el crimen utiliza el aparato estatal para financiar sus actividades. Cinco de los ediles detenidos colaboraban presuntamente con el CJNG, hoy liderado por Juan Carlos Valencia González, "El 03":
Rosember López Roblero (Bella Vista, Chiapas): Detenido en enero de 2025 por desaparición forzada y por exigir hasta 100,000 pesos a familias desplazadas.
José Ascensión Murguía (Teuchitlán, Jalisco): Detenido por tolerar actividades de adiestramiento criminal en el Rancho Izaguirre.
Ernesto Cruz (Cintalapa, Chiapas): Señalado por abuso de autoridad en una zona de fuerte disputa territorial.
Diego Rivera (Tequila, Jalisco) y Miguel Sánchez (Juchitán, Oaxaca): Detenidos por operar redes de extorsión directamente desde sus administraciones.
Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana
Otros cinco presidentes municipales cayeron por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa (CS) y La Familia Michoacana, abarcando delitos de alto impacto:
Estado de México: María Elena Martínez Robles (Amanalco) fue sentenciada a 70 años por homicidio, vinculada a "El Fresa" (Familia Michoacana). Pedro Luis Hernández (Santo Tomás de los Plátanos) fue detenido por extorsión.
Puebla: Uruviel González Vieyra (Ciudad Serdán) y Giovanni González Vieyra (Tlachichuca) fueron procesados por extorsión y secuestro. Isaac Rodríguez Ochoa (Esperanza) fue ligado a grupos locales criminales.
Morelos: Agustín Toledano (Atlatlahucan), Irving Sánchez Zavala (Yecapixtla) y Jesús Corona Damián (Cuautla) fueron aprehendidos por extorsión y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
El perfil de los detenidos demuestra una penetración transversal que no distingue colores partidistas: cuatro pertenecen a Morena, cuatro a Movimiento Ciudadano, dos a la alianza PAN-PRD-PRI, y los restantes al PRD, PAN y Chiapas Unido. La operación acumula más de 110 funcionarios locales procesados, enfocándose en municipios estratégicos ubicados en corredores carreteros y rutas migratorias.
Críticas al diseño estratégico
A pesar del éxito en los municipios intervenidos, donde se reporta una baja en las tasas de extorsión y homicidio, el analista Alberto Guerrero señala un sesgo operativo: la estrategia ha dejado intactos a estados con una profunda crisis de violencia como Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero y Michoacán.
Gerardo Álvarez, especialista de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), coincide en que desarticular el nivel municipal es positivo pero insuficiente. Advierte que la estrategia debe escalar hacia los ejecutivos estatales, recordando el exhorto del gobierno estadounidense para detener a funcionarios de alto nivel vinculados a facciones del narcotráfico.
¿Consideras que las autoridades federales deberían redirigir la Operación Enjambre hacia los gobiernos estatales con mayores índices delictivos, o resulta más estratégico continuar desmantelando primero las redes financieras y de extorsión a nivel municipal?