Tragedia anunciada en Mazatlán: CNDH reprobó a El Castillo con 5.25 antes de la masacre que dejó 10 muertos.
· Redacción Pulso de México
La tragedia ocurrida este jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, no es un hecho aislado ni un accidente imprevisible. Es el desenlace fatal de una crisis estructural documentada con precisión quirúrgica, pero ignorada por la indolencia institucional. Con un saldo de 10 personas fallecidas —incluyendo nueve internos y un menor de dos años en plena visita familiar— y 16 lesionados, el sistema penitenciario de Sinaloa vuelve a quedar en el banquillo de los acusados.
Días antes de que el fuego cruzado y las armas de fuego se apoderaran de los módulos cuatro y cinco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido una advertencia lapidaria a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025. El penal obtuvo una calificación reprobatoria de 5.25 sobre 10, situándose en el "rango rojo" de vulnerabilidad y gobernabilidad.
Los focos rojos que el Estado ignoró
El informe de la CNDH no dejó lugar a dudas sobre las condiciones críticas en las que operaba el centro penitenciario, las cuales facilitaron el terreno para el enfrentamiento armado:
Gobernabilidad fracturada: Se documentó una severa insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de capacitación y carencias normativas graves.
Actividades ilícitas y armas: El diagnóstico advirtió de manera explícita sobre la presencia de dinámicas delictivas al interior del penal, una alerta directa sobre el tráfico y control de objetos prohibidos que derivó en el uso de armas cortas calibre 9 mm durante la riña.
Vulnerabilidad institucional: Hubo una marcada insuficiencia de programas para prevenir incidentes violentos, además de la ausencia de mecanismos reales para procesar quejas por violaciones a derechos humanos.
Condiciones indignas y fallas estructurales: Se detectaron deficiencias críticas en los servicios de salud, alimentación, higiene en dormitorios, áreas médicas y espacios de cocina.
Violación a la ley de ejecución: El penal falló en la separación adecuada entre personas procesadas y sentenciadas, violentando el principio de presunción de inocencia y complicando los procesos de reinserción social.
Análisis político: La crisis del sistema penitenciario y la simulación oficial
Desde la perspectiva del análisis político, la masacre en El Castillo desnuda una realidad ineludible: el autogobierno y la corrupción al interior de los centros de reinserción social en México continúan costando vidas humanas, incluyendo las de inocentes.
La primera versión oficial de las autoridades estatales —encabezadas por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López— intentó contener el golpe político descartando la irrupción de un comando externo y centrando el conflicto en una disputa interna entre los módulos cuatro y cinco. Sin embargo, este argumento oficial colapsa frente a la evidencia: ¿Cómo ingresaron armas de fuego de uso exclusivo o reservado a un penal fuertemente vigilado si no es con la complicidad, omisión o incapacidad del sistema de custodia?
El puntaje estatal de 5.02 obtenido por Sinaloa en el DNSP 2025 (donde El Castillo registró 5.25 y Goros II un alarmante 4.79) demuestra que las cárceles en la entidad operan al margen de los estándares mínimos de derechos humanos y seguridad. Las auditorías de la CNDH se están convirtiendo en diagnósticos de museo: documentos públicos que retratan con precisión forense el colapso institucional, pero que carecen de dientes jurídicos y políticos para obligar a los gobiernos estatales a destinar presupuestos urgentes y depurar las estructuras de mando.
Conclusión y perspectivas
La muerte de un menor de dos años durante una jornada de visita familiar representa una línea roja que ningún Estado democrático puede permitirse cruzar sin asumir responsabilidades políticas y penales. La suspensión temporal de visitas y los operativos de desarme coordinados por la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército llegan tarde.
La crisis de El Castillo exige una limpia profunda en la administración penitenciaria de Sinaloa, una investigación transparente sobre la red de complicidades que permitió el ingreso del armamento, y dejar atrás la simulación institucional donde las advertencias de los organismos defensores de derechos humanos se archivan mientras las cárceles se convierten en campos de batalla.
Nota de la redacción: En Pulso de México continuaremos dando seguimiento puntual a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para esclarecer el origen del armamento y deslindar responsabilidades por esta tragedia.
¿Considera que las autoridades estatales deben asumir una renuncia política tras los hechos violentos y las advertencias ignoradas de la CNDH?